En el plano legal, es como si hubieran entrado a vivir estando los inmuebles aún en obras, ya que carecen de licencia de primera ocupación y de cédula de habitabilidad. Es decir, se encuentran en una situación "alegal", lo cual -paradójicamente- no ha impedido que el Ayuntamiento de Zaragoza lleve hasta dos años cobrándoles la contribución.

En esta situación están alrededor del 85 % de las 665 viviendas (entre pisos y unifamiliares) que forman esta urbanización de la constructora Fadesa, a la que la asociación de afectados ya denunció hace días por estafa, falsedad y por riesgo contra las personas, ya que parte de los defectos afectan a instalaciones de prevención de incendios y canalizaciones de gas y electricidad.

Otro de los problemas más graves que figuran en las denuncias sobre instalaciones comunes es la mezcla de canalizaciones de aguas pluviales y residuales y la falta de desagües en garajes, por lo que las bodegas de adosados se podrían inundar con aguas fecales si hubiera una tromba.

Cerca de medio millar de afectados se reunieron ayer en asamblea en el pabellón municipal de Santa Isabel para ser informados sobre este nuevo problema y otras gestiones por el representante de la asociación, José Luis Serna, quien explicó que se va a iniciar un procedimiento probatorio de carácter voluntario encaminado a legalizar las viviendas.

Un proceso largo y complejo que pasa notarios, catastro, registro de la propiedad y diversas administraciones, y que conlleva nuevos gastos para los afectados.

Uno de sus temores inmediatos respecto a la situación de las escrituras es que cuando den los pasos para legalizar las casas la administración correspondiente pretenda cobrarles la plusvalía del suelo o los impuestos que debería haber pagado la constructura y que temen les haya endosado subrrogándolos sobre las hipotecas.

El 15 % de las viviendas que sí figuran edificadas tampoco se salvan del problema -explicó Serna a los asistentes-, ya que la urbanización en conjunto "todavía no ha sido recepcionada por el Ayuntamiento". "El Ayuntamiento ha dado licencia de ocupación porque Fadesa ha presentado una documentación falsa", afirmó.

Los representantes de la constructora aseguraron sin embargo que el suelo se incluye en el sector 71.3 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, que fue recalificado por el Ayuntamiento con el visto bueno de la DGA de forma definitiva en el plan parcial aprobado en 2001.

Un plan -agregaron- que abarca también promociones de otras compañías. Sobre otras acusaciones declinaron volver a pronunciarse y se limitaron a afirmar que seguirán la vía legal.

En la asamblea, el cabreo de los vecinos era manifiesto; incluso despuntaban focos de tensión entre ellos. Ante infructuosas acciones judicales individuales, ell representante de la asociación dijo que las constructoras destinan entre el 2 y el 3 % del valor de las viviendas a servicios jurídicos y a "astillas" (para la "madera" de los juzgados, según el argot).

De la Serna agregó que eran conscientes de que una demanda civil conjunta era "perder el timpo, el dinero y vuestra confianza", por lo que optaron por la vía penal tras constatar la (presunta) existencia de delitos. Ahora, además, han de aclarar las escrituras.

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Pero también hizo una oferta pública a la promotora -que ayer declinó hacer declaraciones- para solucionar el problema. "Queremos establecer un calendario de ejecución de las obras, comenzando por las instalaciones que son más graves, como las de prevención de incendios. Estamos con los brazos abiertos", señaló Pozo, que reclamó diálogo con la empresa. Eso sí, advirtió de que estos arreglos "deberán realizarse con un programa serio de trabajo, con calidad, seguridad y responsabilidad, porque ahora todo lo arreglan con silicona". Además, exigió como condición "un aval bancario "que asegure que, si no se repara adecuadamente, los afectados puedan disponer de los fondos económicos necesarios para contratar empresas".

Respondía así a las críticas de la promotora que aseguraba que los vecinos no le permitían la entrada para subsanar las deficiencias. "No todos los problemas están en el interior de las viviendas, pueden ir actuando en la calle y en las zonas comunes", sugirió el presidente de la asociación de afectados, José Luis de la Serna, que recordó que "han tenido dos años para repararlas".

Los vecinos han denunciado numerosas deficiencias en las viviviendas y en las calidades (sistemas de prevención de incendios, de electricidad, gas, etc.) "Calculamos que Fadesa se ha ahorrado unos 6 millones de euros", comentó Pozo, que criticó que "lo más grave" es lo referido a la seguridad de las personas.

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ASÍN/ LLORENTE. Zaragoza | También el Gobierno de Aragón abrirá un expediente informativo para comprobar el alcance de las deficiencias denunciadas por los vecinos en la urbanización "Jardines de Candala", en Santa Isabel, construida por Fadesa. Así lo unció ayer el consejero de Obras Públicas, Javier Velasco, durante la colocación de la primera piedra de la Villa Expo en Valdespartera. "Estamos a la espera de tener denuncias formales del tema, pero ahora, a través de nuestros servicios de inspección, vamos a abrir un expediente informativo para saber exactamente en qué situación está", aseguró. "Después -continuó- lo que intentaremos será coordinarnos con el propio Ayuntamiento de Zaragoza para hacer acciones conjuntas y garantizar al máximo la calidad que deben tener las viviendas".

Este expediente se une al que ayer mismo impulsó el Consejo de Gerencia de Urbanismo, en el que solicita a la constructora que subsane todas "las infracciones urbanísticas cometidas". La empresa se ha comprometido desde el primer momento a subsanar las deficiencias. El consejero delegado del grupo Fadesa, Antonio de la Morena Pardo, aseguró a este diario que "todas aquellas de las que tenemos constancia, no hay el menor reparo en arreglarlas".

Eso, sí, matizó que sólo podrán hacerlo en las viviendas y urbanizaciones en las que "se nos deje entrar", ya que -según explicó- hay vecinos que se han negado a permitirles el acceso. "Todos los compromisos, sean contractuales o normativos, asumidos por Fadesa los cumpliremos y solucionaremos", reiteró, contundente.

Actuar con rapidez

Respecto al expediente de Urbanismo, De la Morena señaló que "no les asusta", sino al revés, pues podría "aportar luz a esta cuestión". "Y, si hay cosas que no hubiéramos detectado, actuaremos con la máxima rapidez", insistió el consejero delegado de Fadesa.

El concejal de Urbanismo, Antonio Gaspar, recordó que el Servicio de Inspección del Ayuntamiento hizo una visita a la urbanización en febrero de este año y concluyó que había "incumplimientos de la licencia otorgada". "Por tanto, lo que se abre ahora es un expediente para averiguar exactamente cuál es la irregularidad respecto a la licencia que se concedió en su día. El Ayuntamiento analizará todos los incumplimientos", justificó Gaspar. Entre las supuestas deficiencias, señaló las referidas a prevención de incendios, evacuación de pluviales, canalizaciones de gas y electricidad y aislamientos acústicos. No obstante, indicó que las instalaciones de gas y electricidad competen al Ejecutivo autonómico.

Fadesa dispone de un mes para presentar las alegaciones pertinentes y pronunciarse sobre si acepta o no esta petición municipal. En caso de que se negara a arreglar los desperfectos, Gaspar aclaró que el Ayuntamiento asumiría las obras y después se las cobraría a la promotora. Si la empresa las ejecuta, el Servicio de Inspección municipal comprobará la legalidad restablecida.

Pero Gaspar también se refirió al proceso de certificación de las obras. "Cuando se terminan, los arquitectos que las han dirigido presentan un certificado profesional, firmado y sellado por los colegios profesionales, en el que se constata que las obras se ajustan a la licencia", explicó. Sin embargo, "en este expediente, hay un caso manifiesto de engaño administrativo", puntualizó. Recordó que "certificar algo que no es cierto tiene una responsabilidad porque es un documento público". "Hay una responsabilidad por parte de los profesionales, de los colegios oficiales y de la Administración", subrayó.

Responsabilidades

Fue más allá. "Estamos hablando de una cadena en la que cada cual tiene que asumir su responsabilidad. En este caso, se ha detectado que hay incumplimientos y no tengo ninguna duda de que esto acabará en la vía administrativa y en la vía penal", auguró. Además, reconoció que es "muy complicado" controlar todas las urbanizaciones de vivienda libre que se están construyendo en la ciudad.

En total, en la urbanización "Jardines de Candala" están afectados 1.127 vecinos, de las 665 viviendas (entre unifamiliares y pisos). A principios de este año, una asociación aragonesa de afectados, similar a otras existentes en Andalucía y Madrid, integrada por más de 300 personas, presentó una denuncia por presunta estafa, riesgo contra las personas y supuesta falsedad documental. .

Con anterioridad, en noviembre, la constructora Fadesa había hecho lo propio y también presentó una querella, pero en esta ocasión por "las presiones de los vecinos" que no les permitían entrar en las viviendas para arreglar los defectos ya que, a juicio, de la querellante, "sólo buscan compensaciones económicas".

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Ahora, Urbanismo inicia un nuevo procedimiento administrativo. El motivo, según el informe del Servicio de Disciplina Urbanística, es que "resulta acreditado que el acto denunciado incumple la normativa urbanística de aplicación o carece de la preceptiva licencia u orden de ejecución o, en su caso, no se ajusta a lo autorizado en aquéllas resultando incompatible con la ordenación vigente". Además, autoriza el acto de adecuación de las obras de construcción de estos pisos "a las prescripciones de los proyectos que dieron de base las licencias urbanísticas concedidas" y advierte de que este procedimiento es "independiente y compatible con la incoación de un procedimiento sancionador". Según explicaron fuentes de Urbanismo, es el siguiente paso. No obstante, concede un plazo de quince días para que la empresa presente alegaciones.

El Ayuntamiento se apoya en un informe realizado por el Servicio de Inspección el pasado 9 de febrero,in situ, del que se desprende -según el expediente municipal- "una serie de infracciones urbanísticas". No obstante, sobre algunas de las deficiencias evita pronunciarse por ser "competencia de la DGA", como las referidas a las instalaciones eléctricas o de gas. Los defectos en las calles los remite al Servicio de Conservación de Infraestructuras.

Sí se refiere -en otro informe del Servicio de Inspección- a otros defectos de su competencia por estar incluidos en la licencia de construcción y suponer "incumplimientos" de tal permiso. Según el expediente, se trataría de las canalizaciones eléctricas en el interior de los edificios, las puertas de los patinillos por donde transitan y que no tienen suficiente resistencia al fuego, los cuartos de centralización de contadores (no tienen desagües), los defectos en el cuarto de bombas, la falta de señalización de los garajes y la instalación de detectores de CO2. "Como consecuencia de la demanda presentada y previa ejecución de las preceptivas catas en edificación, se han podido comprobar las deficiencias señaladas y la no correspondencia de las mismas con las certificaciones aportadas", visadas por el Colegio de Arquitectos de Aragón tras las obras. .

Sin embargo, no entra en las deficiencias denunciadas por los propietarios sobre las calidades y características de las viviendas. "Éstas deberán de ser dilucidadas entre los particulares", señala. En total, hay 1.127 vecinos afectados.

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